El jueves 26 de marzo, el Fiscal General de los Estados Unidos, William Barr, hizo acusaciones públicas contra Nicolás Maduro y un grupo de sus más cercanos colaboradores por dirigir una conspiración narcoterrorista que ha hecho de Venezuela una base para blanquear dinero, traficar armas y enviar 250 toneladas de cocaína anualmente a los Estados Unidos. En esa conspiración participaron guerrilleros colombianos, carteles de la droga y funcionarios importantes del gobierno de Maduro. Estas acusaciones elevan a otro nivel la confrontación entre el “imperialismo” y el “socialismo”. Ahora no es Trump, sino los Estados Unidos contra los narcoterroristas que se apoderaron de Venezuela. Las repercusiones de esas acusaciones, acompañadas de una serie de sanciones ya decretadas y de otras que puedan ser impuestas en el futuro por el gobierno de los Estados Unidos van debilitando el escudo protector interno y externo que ha mantenido a la narco dictadura venezolana en el poder.
Dos días después de las declaraciones de William Barr, el gobierno de Vladimir Putin anunció que la empresa petrolera rusa Rosneft vendería sus activos venezolanos dentro y fuera de ese país, desvinculando a una empresa importante para el gobierno ruso, que ya es objeto de sanciones impuestas por los Estados Unidos por negociar con petróleo venezolano. Desde hace varios meses China había dejado de transportar el petróleo venezolano (lo hacía Rosneft) y había advertido a sus refinerías que empezaran a buscar otras fuentes de petróleo que no fueran de Venezuela.
En la medida en que las pruebas y testigos de la fiscalía estadounidense demuestren la veracidad de las acusaciones, los pocos gobernantes que apoyan a Maduro, como los gobiernos de Argentina y México tendrán mayores dificultades para justificar su respaldo. La dictadura castrista, que por su experiencia tiene que haber alentado el narcoterrorismo desde Venezuela a los Estados Unidos, será la única que seguirá dando el apoyo incondicional a Nicolás Maduro, su hombre en Caracas.
Una silenciosa corriente de desacuerdo irá cristalizando entre aquellos venezolanos que todavía siguen a Maduro pero no están de acuerdo con la participación en el narcoterrorismo. Sean soldados, oficiales, burócratas o civiles, hay mucha gente que no quiere ser vinculada con el narcotráfico. Todo lo que erosione la incondicionalidad al régimen lo debilita y aunque no pueda medirse, es importante. El narcotráfico es muy lucrativo pero no es popular, el estigma moral que acarrea es difícil justificarlo con retórica antiimperialista, excepto a una minoría fanática. Si con anterioridad a estas revelaciones en los Estados Unidos había unidad entre demócratas y republicanos con respecto a la necesidad de que la democracia volviera a Venezuela, las acusaciones presentadas el jueves la fortalecen.
La presencia de un Pablo Escobar con el control de un país como Venezuela representa un peligro para los Estados Unidos y mucho mayor peligro para vecinos como Colombia y Brasil. No sería de extrañar que en algún momento tomen algunas iniciativas al respecto. La reelección de Luis Almagro como Secretario General de la OEA es una señal en esa dirección. Las acusaciones de narco terrorismo contra Nicolás Maduro y asociados son el resultado de una investigación minuciosa y metódica que viene realizándose desde hace muchos años. Se presentarán testigos importantes y una amplia documentación, todo eso llevará su tiempo. Tal vez Maduro quiera negociar su salida o pueda escapar; o hasta sus propios socios pueden ejecutarlo.
No creo que en las actuales circunstancias los “marines” vayan a desembarcar en Venezuela. Lo que sí creo es que la constancia y el sacrificio del pueblo venezolano dentro y fuera de su país va a tener su recompensa y que todos los que han contribuido a que Venezuela sea libre, tendrán su lugar en la historia.
Por el Dr. Huber Matos Garsault, presidente de la Fundación Huber Matos por la democracia.
Artículo de La Nueva República
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