En proyecto constitucional del partido dice:
“El gobierno está subordinado a las leyes. El presidente y todos los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad y están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes”.
En una democracia los funcionarios y los políticos electos que violan las leyes en beneficio propio deben ser acusados y juzgados en los tribunales. El escrutinio de los servidores públicos es un derecho de todos los ciudadanos. En este contexto, el periodismo investigativo, solo posible en una democracia, ha demostrado con frecuencia ser más efectivo que los entes estatales encargados de vigilar la correcta actuación de políticos y burócratas.
En la “dictadura del proletariado castrista” es otra la historia y la conocemos muy bien. En esta edición del semanario LNR, Eliecer Ávila señala que la corrupción es parte intrínseca del sistema. Miriam Leiva describe el creciente deterioro social en Cuba. Cuando desde el poder se roban los derechos ciudadanos, se impone la ley de la selva: salvase el que pueda. No se respeta lo ajeno ni el patrimonio del pueblo. Por eso para erradicar la corrupción tiene que desaparecer la dictadura.
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