En el Palacio de las Naciones de Ginebra (Suiza),
El Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos, es un mecanismo que permite revisar el estado de los derechos humanos en los países que integran la ONU.
Para poner en contexto lo ocurrido ayer en la 44 sesión celebrada en Ginebra, donde el gobierno de Cuba recibió el escrutinio de la Comisión de Derechos Humanos, debemos señalar que este fue el cuarto ciclo del Examen Periódico, un proceso de cuatro ciclos que da la posibilidad a los países que tengan recomendaciones por la CDH, mejorar su historial de derechos humanos en ese tiempo.
En el caso del régimen cubano, que todos sabemos no le interesa ni la CDH, ni la ONU, ni la opinión pública internacional, no solo incumplió muchas de las recomendaciones de los ciclos anteriores, sino que arreció la represión contra los miembros de la sociedad pro democrática, y contra activistas, periodistas y sindicalistas independientes, y se presentó en la sesión de ayer con su tradicional disfraz de “defensor de los derechos humanos”.
En 2020 el régimen pasó una evaluación de medio término del examen. En ese momento no había cumplido con al menos 7 de las recomendaciones hechas por la CDH. Siguió sin respetar los derechos de acceso a la información, a la libertad de expresión, a la asociación y reunión pacífica.
En el segundo ciclo en 2013, el régimen recibió 292 recomendaciones y aceptó 226. En 2018 fueron 339 recomendaciones y aceptó también 226. Como vemos mientras que el grupo de recomendaciones aumenta, el porcentaje de aceptación del régimen se reduce.
La dictadura comunista ha suscrito algunas convenciones que luego deja de aceptarlas a conveniencia.
No ha firmado ni ratificado el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes. Esto impide que se verifique su cruel sistema carcelario.
Tampoco ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que impide que se reconozca la libertad de pensamiento político, la libertad de partidos y el ejercicio seguro de derechos de esta naturaleza, como los de expresión, reunión y manifestación, legitimando su criminalización.
Tampoco el régimen ha ratificado el Protocolo de 2014 del Convenio sobre el Trabajo Forzoso, de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, algo que le permite lucrar con la venta de servicios profesionales, mientras las condiciones de semi esclavitud de los especialistas que exporta, ha sido denunciadas en organismos internacionales como la propia Naciones Unidas.
Tampoco ha ratificado el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte, donde en el Nuevo Código Penal aumentó el número de delitos, con este tipo de sanción, sobre todo políticos.
Ni el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra la Mujer, lo que impide que se investiguen a fondo los actos discriminatorios por razones políticas.
Ni el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, lo cual impidió que el Comité de los Derechos del Niño de la ONU investigara el maltrato y la represión penal desatada contra menores de 18 años manifestantes el 11 de julio.
Decenas de ellos continúan cumpliendo penas severas y arbitrarias de privación de libertad en cárceles no apta para su edad, negándoles cualquier derecho o beneficio de excarcelación,
Ayer en la 44 sesión el regimen recibió otro rosario de esas recomendaciones que históricamente incumple y otras nuevas en el tema de Derechos Humanos.
Algunas intervenciones de varios estados invitaron al régimen al realizar acciones para mejorar la salud pública, la educación y la calidad de vida de los adultos mayores, y reconocieron las deudas del régimen comunista en temas de discriminación racial, y la situación con la violencia machista, que deja en lo que va de año 76 feminicidios.
Se le exigió también poner fin a las detenciones de activistas en el ejercicio de derechos fundamentales, la liberación de más de 1000 presos políticos encarcelados, crear un marco legal que garantice independencia judicial, y el fin del sistema de partido único, para permitir elecciones genuinamente libres, que brinden a los cubanos opciones reales con respecto a su Gobierno.
Como sucede siempre, el canciller castrista Bruno Parilla responsabilizó al bloqueo como el causante de las violaciones de los Derechos Humanos en Cuba. Y como también sucede siempre, no faltó el apoyo de otros Gobiernos violadores de los Derechos Humanos, a la dictadura comunista.
Por Yunia Figueredo, delegada del CID en Jaimanitas
DEFENSORĺA DEL PUEBLO
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