EL MONOPOLIO ESTATAL ES REPONSABLE DEL DESASTROSO PARQUE HABITACIONAL EN CUBA

(PRIMERA PARTE)

Contar con seguridad alimentaria y una vivienda digna son derechos ciudadanos constitucionales bloqueados por el gobierno cubano desde hace 60 años. Estimados independientes muestran que el 70% de las viviendas cubanas están en estado malo, o regular, y que el 85% de los edificios de más de tres pisos necesitan reparaciones capitales, de acuerdo con estudios de prestigiosos economistas y corroborado por el Instituto de Planificación Física.

Según la Constitución Cuba de 2019, en su artículo 71:

“Se reconoce a todas las personas el derecho a una vivienda adecuada y a un hábitat seguro y saludable. El Estado hace efectivo este derecho mediante programas de construcción, rehabilitación y conservación de viviendas, con la participación de entidades y de la población, en correspondencia con las políticas públicas, las normas del ordenamiento territorial y urbano y las leyes…”

Si en Cuba no hubiese un monopolio estatal sobre la construcción de viviendas y la producción de los materiales de la construcción, el problema podría comenzar a solucionarse. No quiere decir que de inmediato, pero la solución estaría más cerca. Ante todo, porque su esencia multisectorial saldría a relucir.

En este escenario ideal, se crearían múltiples bancos y empresas constructoras privadas para el financiamiento y construcción de viviendas. Habría préstamos hipotecarios para construir y comprar. El gobierno podría entonces dar también facilidades y créditos a ese fin, además de proveer ayuda económica de emergencia a los damnificados o a las personas menos favorecidas.

En el mundo extra insular, arreglar una vivienda, comprar o alquilar y mudarse, es un problema personal, pues cada individuo o familia tienen su opción. Un gobierno totalitario no permite esas libertades. En consecuencia al monopolizar y burocratizar las soluciones el Estado traba el proceso de desarrollo. No resuelve el problema y estimula la corrupción.

Hace 15 años el economista Oscar Espinosa Chepe apuntó al problema habitacional. El Instituto Nacional de la Vivienda, decía, presentó en el 2005, un informe sobre el fondo habitacional con un déficit de más de medio millón de viviendas, que necesitaría un programa de construcción de 4 mil millones de dólares de inversión para resolver lo acumulado por años de insuficiente construccion de viviendas y falta de mantenimiento a las existentes porque el 43,0% de las registradas se encontraban en estado malo o regular.

Esos datos fueron considerados conservadores. El gobierno anunció un programa de construcción de 150 000 nuevas viviendas hasta 2006. Además, se planteó elevar el ritmo de terminaciones a no menos de 100 000 por año a partir de 2006; y 380 000 labores de conservación y rehabilitación. Estos proyectos no se cumplieron.

El “albergue” ese “barracón” post moderno

Las viviendas edificadas durante el gobierno comunista en su mayoría tienen deficiencias constructivas por la mala calidad de materiales y trabajos efectuados. Mientras las más antiguas, llamadas popularmente “capitalistas”, subsisten sin mantenimiento. Por falta de esos mantenimientos, el fondo habitacional continúa deteriorándose. En 2021 el gobierno incumplió en más de un 40% el plan de entrega de casas, pero en lugar de resolver el incumplimiento con más construcciones, se limitó a reducir sus metas para el siguiente año, y también las incumplió. En el 2022 solo se terminaron 21,229 casas lo que elevó la deuda habitacional a 862,879 casas. En enero del 2022 el gobierno reconoció que había pendientes 89,496 viviendas con pisos de tierra, unas 8,907 cuarterías y 48,293 hogares afectados por eventos climatológicos, de los cuales el 66% fueron derrumbes totales.

El monopolio estatal construye pocas viviendas y entrega menos materiales a los particulares. El resultado es que las familias damnificadas son concentradas en albergues colectivos improvisados en almacenes abandonados y ruinas de viejos edificios, para toda la vida. Solo en la capital hay más de 200 000 personas en albergues que recuerdan los barracones de esclavos o de los migrantes haitianos, pero esta vez con televisión.

Además, más de 600 mil ciudadanos malviven en los “llega y pon”, barrios marginales y periféricos de ciudades como La Habana y Matanzas en condiciones insalubres, compuestos por chozas improvisadas, salpicadas de aguas negras, roedores, mosquitos, sin agua potable ni alcantarillado.

En los últimos tiempos el Estado vendió algunos materiales, a precios golpeados por una inflación galopante, producto de la fracasada “Tarea Ordenamiento”. Lo anterior afecta directamente a los más necesitados, y a la vez el segmento más pobre de la población.

Otro factor que afecta la construcción y mantenimiento es la carencia de personal especializado como albañiles, electricistas, carpinteros y plomeros, debido ante todo a bajos salarios y la ausencia de prioridad en la formación de mano de obra calificada, en particular para la construcción. Pero sobre todo a la tendencia migratoria de profesionales y operarios experimentados hacia otros organismos y al exterior, ya sea contratado por GAESA en África o por contratos privados.

La Habana, marzo de 2023.