El tráfico de personas desde Cuba hacia Nicaragua ha dado lugar a un entramado clandestino que opera en complicidad con dictaduras y corrupción gubernamental, sumergiendo a los migrantes en un peligroso viaje en busca de una vida mejor. Los detalles revelados sobre esta problemática demuestran su magnitud y la necesidad de abordarla de manera urgente.
Altos militares en retiro se han convertido en coyotes institucionalizados que controlan las rutas migratorias y ofrecen sus servicios a migrantes de diversas nacionalidades, incluyendo cubanos, venezolanos y haitianos. Estos individuos se aprovechan de su influencia y poder, y han establecido sus oficinas de operaciones en lugares estratégicos como el Hotel Seminole, propiedad del grupo económico del FSLN y administrado por Francisco López. Esto sugiere una red de influencias y complicidades arraigadas en el poder gubernamental.
Estos son los tres funcionarios orteguistas que han sido sancionados por Estados Unidos con la Ley Global Magnitsky. Estos, junto a Roberto Rivas, están ahora en una lista negra de delincuentes internacionales por corruptos y violadores de derechos humanos
Esta red cubano-nicaragüense de alto nivel dirige y controla el flujo de migrantes cubanos desde el momento en que obtienen la visa de salida de Cuba hasta que llegan a las fronteras entre México y Estados Unidos. Sus conexiones gubernamentales garantizan que cada etapa del proceso sea controlada y manipulada en su favor, perpetuando así la explotación y el sufrimiento de los migrantes.
Uno de los aspectos más alarmantes de esta situación es el cobro exorbitante al que se enfrentan los migrantes cubanos. Desde hoteles y hospedajes hasta transporte marítimo y terrestre, los precios impuestos son astronómicos. En algunos casos documentados, las cooperativas de taxis llegan a cobrar hasta 160 dólares por persona para trasladar a los migrantes a la frontera de Las Manos en Nueva Segovia. Estos costos inflados representan una explotación despiadada de los migrantes, quienes se ven obligados a pagar cantidades exorbitantes por servicios que normalmente serían mucho más económicos.
La complicidad gubernamental se extiende más allá de los altos mandos, involucrando también a las autoridades policiales y migratorias. La policía nacional cobra sobornos, y funcionarios migratorios en lugares como Corn Island y Bluefields están confabulados con la red, incluso seleccionando lugares específicos donde los migrantes deben comer o dormir. Esta colaboración corrupta no solo garantiza un control total sobre los migrantes, sino que también perpetúa su explotación y viola sus derechos humanos más fundamentales.
Para asegurar que no haya deserciones durante el proceso migratorio, la red ilegal asigna a cada grupo de migrantes un «vigilante» que informa si el grupo está completo y si hay alguna fuga. Esta medida demuestra la sofisticación y organización de la red, así como su determinación para asegurar que los migrantes no puedan escapar de su control.
Frontera Costa Rica Panama
Además de las evidencias de corrupción y complicidad gubernamental en el tráfico de personas desde Cuba a Nicaragua, es importante mencionar otros casos relevantes que han salido a la luz en la región. Por ejemplo, la detención de casi 50 miembros de una red de tráfico de migrantes en Costa Rica y Panamá el 30 de julio de 2019. Esta operación conjunta entre las autoridades policiales de ambos países permitió desmantelar parte de una red internacional dedicada a llevar migrantes hacia Estados Unidos.
Los allanamientos realizados en poblados fronterizos con Panamá y Nicaragua llevaron a la captura de 37 personas en Costa Rica y otras 10 en Panamá. Según las autoridades, esta red operaba a lo largo de Centroamérica y México, cobrando entre 7.000 y 20.000 dólares por llevar migrantes de distintos países asiáticos, africanos, cubanos y haitianos hacia Estados Unidos. Estos datos revelan la magnitud y el alcance internacional de las redes de tráfico de personas en la región.
Stephen Madden
El subdirector de la Policía de Migración de Costa Rica, Stephen Madden, destacó la importancia de esta operación y resaltó el alto costo que los migrantes debían pagar por estos servicios ilegales. Estos acontecimientos refuerzan la necesidad de un enfoque integral y coordinado, tanto a nivel nacional como internacional, para combatir el tráfico de personas y proteger los derechos de los migrantes.
En conclusión, el oscuro entramado del tráfico de personas desde Cuba a Nicaragua continúa siendo una problemática arraigada en la corrupción gubernamental y la explotación despiadada. Los nuevos detalles revelan la participación de altos militares en retiro, la existencia de una red cubano-nicaragüense de alto nivel, la complicidad de las autoridades policiales y migratorias, así como los abusos y violaciones de derechos humanos sufridos por los migrantes. Además, se ha evidenciado la captura de miembros de redes de tráfico de migrantes en la región, lo que pone de manifiesto la necesidad de acciones contundentes a nivel nacional e internacional para desmantelar estas redes y proteger a quienes buscan una vida mejor a través de la migración.
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El combate contra el tráfico de personas requiere la colaboración de los gobiernos, organizaciones internacionales y la sociedad en su conjunto. Es imperativo implementar medidas más estrictas de vigilancia en las rutas migratorias, fortalecer los sistemas de justicia y persecución de delitos, así como brindar apoyo y protección a las víctimas de este flagelo. Solo a través de un esfuerzo conjunto y decidido podremos erradicar el oscuro entramado del tráfico de personas y garantizar un futuro seguro y digno para todos aquellos que buscan una vida mejor.
Por Esler Sobalvarro
Portavoz Ciudadano
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