La crisis generada por las nuevas tarifas de ETECSA revela no solo el carácter represivo del régimen castrista, sino también su modelo de expolio y control total. No se trata de una política de Estado militarizada, sino de una estrategia diseñada por una cúpula mafiosa vinculada directamente a Raúl Castro. GAESA no representa a los militares, sino a una élite corrupta que ha secuestrado el aparato estatal. Pero también queda claro que la sociedad cubana ya no acepta pasivamente ese control: la indignación y la crítica se abren paso, incluso desde dentro del sistema. Y eso podría marcar el inicio de un nuevo ciclo de resistencia social.
Una política de represión digital
La imposición repentina y desproporcionada de nuevas tarifas para el acceso a internet por parte del monopolio estatal ETECSA no puede interpretarse como una mera medida económica. El verdadero propósito es político: restringir el acceso de los cubanos a las redes sociales, medios independientes y herramientas de comunicación que permiten organizar protestas y difundir denuncias. El objetivo es claro: evitar que se repita un estallido como el del 11 de julio de 2021 con consecuencias fatales para el régimen.
El acceso mensual de seis gigabytes por 360 pesos cubanos —y cualquier GB adicional a precios exorbitantes que superan incluso el salario mínimo— implica una forma moderna de censura. Quien no se someta a los canales controlados por el Estado, queda excluido del mundo digital. Se impone así un apartheid informativo.
El falso argumento del endeudamiento
Las declaraciones de la presidenta ejecutiva de ETECSA, Tania Velázquez, intentan justificar la medida alegando un “elevado endeudamiento” y caída de ingresos. Pero esa narrativa se derrumba ante los datos revelados por investigaciones recientes. La empresa RAFIN S.A., vinculada directamente al grupo GAESA, tenía más de 400 millones de dólares en efectivo en agosto de 2024. Gran parte de ese dinero proviene de recargas enviadas desde el exterior por cubanos emigrados, quienes ahora son castigados con tarifas aún más abusivas.
GAESA no es “de los militares”: es de una élite mafiosa
Es crucial no caer en el error común —y funcional al régimen— de describir a GAESA como “el aparato económico de los militares”. GAESA no responde al cuerpo militar como institución, sino a un grupo reducido, privado y opaco vinculado personalmente a Raúl Castro. Es un aparato de acumulación mafiosa de poder y riqueza, sin control institucional ni auditorías. Decir que “los militares controlan la economía” es invisibilizar que es la familia Castro y su círculo íntimo quien controla a los militares, al partido, a las empresas y al país.
Obstrucción al desarrollo del siglo XXI
Las tarifas impuestas y el racionamiento de datos no solo reprimen la libertad de expresión, sino que también, como afirma Juan Antonio Blanco, destruyen toda posibilidad de desarrollo económico. Internet podría ser la vía para que los profesionales cubanos participen en la economía global sin emigrar. Telemedicina, educación virtual, exportación de servicios profesionales, comercio digital… todo eso queda anulado por una política deliberada de aislamiento. El régimen teme más a una Cuba conectada que a una Cuba empobrecida.
La reacción ciudadana: una señal de ruptura
La magnitud de la indignación generada por el tarifazo ha sido tal que incluso sectores vinculados al oficialismo han alzado la voz. La Federación Estudiantil Universitaria (FEU) se vio obligada a criticar las medidas, y familiares de funcionarios del régimen, como el arquitecto Abel Tablada, cuestionaron públicamente la falta de transparencia sobre el destino de los ingresos de ETECSA. Por primera vez, la protesta no solo se expresó en la calle, sino también desde adentro del aparato estatal.
Un modelo sin contrato social
Finalmente, ETECSA implementó estas tarifas sin respetar su propio contrato de servicio, violando la cláusula que exige informar con 30 días de antelación cualquier cambio que afecte al cliente. La excusa fue que un anuncio previo habría provocado una sobrecarga del sistema. En otras palabras, se gobernó —una vez más— con arbitrariedad e impunidad, demostrando que no existe un Estado de derecho en Cuba, ni siquiera en lo más básico como una relación contractual entre empresa y usuario.
Conclusión reafirmada:
Lo que se ha revelado con el tarifazo de ETECSA es mucho más que una crisis de telecomunicaciones: es una radiografía de la podredumbre del modelo cubano. Una élite enquistada en el poder, desconectada del pueblo y enemiga del progreso, utiliza el control digital como herramienta de represión. Pero la creciente crítica social —que cruza generaciones y sectores— demuestra que el cerco no es indestructible. Mientras más se apriete la mordaza, más crecerá la voz de quienes exigen libertad, verdad y dignidad.
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