A FISCALÍA Y TRIBUNALES:
Los recientes sucesos de manifestaciones, represiones e ilegalidades han dejado una vez al descubierto la poca profesionalidad, sensibilidad y humanismo que debe caracterizar a los funcionarios públicos cubanos, incluyendo la máxima dirección, cuando una acción de supuesto enfrentamiento cívico-político se convirtió en violentos incidentes con ribetes discriminatorios y excluyentes por disentir o pensar diferente a la ideología gobernante.
En todos los representantes del Estado que han declarado públicamente sus opiniones existe un denominador común: Desconocimiento, poco dominio o IRRESPETO al Estado de Derecho; teniendo en cuenta que un Estado de Derecho es aquel, en el que la Ley es el instrumento preferente para guiar la conducta de los ciudadanos; Donde exista la supremacía de la Constitución; Que el Derecho sea el principal instrumento de Gobierno; Y donde los poderes usen sus designios interpretando y aplicando congruentemente las Leyes. Por lo tanto, concluimos que en estos desatinados hechos se manifestaron violaciones fragrantes de la Ley, la Constitución, el Derecho, en evidente Abuso de Poder.
Hemos recibido información y datos de 4 casos, dos en la Habana, Amanda Duniet Hernández Celaya y Javier Pérez Rodríguez. Otros dos en Santiago de Cuba, los hermanos Elizabeth Arias García y Jorge Reinier Arias García. Y en todos, la detención de la PNR (Policía) fue arbitraria, sin vínculos con cualquier disturbio o vandalismo, incluyendo una menor de edad de 17 años en trayecto para tomar clases de danza, quien se detuvo a filmar la marcha por Prado y Malecón. Estos jóvenes aún están encarcelados ilegalmente, y como hace tiempo está sucediendo, lo retienen injustamente, para fabricarle algún delito, justificando la incapacidad e ineficiencia de estos Órganos, instigados por sus superiores en total abuso de autoridad, como represalia a tan gran acontecimiento, para los que no estaban preparados, y por otra parte la inoperancia de encontrar los verdaderos culpables de los hechos violentos.
La Constitución como siempre, letra muerta para funcionarios y dirigentes que actúan desde la fuerza y el terror, pues desde el su primer artículo comienza su violación, Artículo 1… “Cuba es un Estado socialista de derecho y justicia social, democrático, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos como república unitaria e indivisible, fundada en el trabajo, la dignidad, el humanismo y la ética de sus ciudadanos para el disfrute de la libertad, la equidad, la igualdad, la solidaridad, el bienestar y la prosperidad individual y colectiva.”
El artículo 46… “Todas las personas tienen derecho a la vida, la integridad física y moral, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz, la salud, la educación, la cultura, la recreación, el deporte y a su desarrollo integral.”
Artículo 52… “Las personas tienen libertad de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional, cambiar de domicilio o residencia, sin más limitaciones que las establecidas por la ley.”
Y entre muchos otros, el artículo 54… “El Estado reconoce, respeta y garantiza a las personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión.”.
Por lo tanto, la desafortunada intervención en la Televisión cubana de la Fiscal Jefa Dirección de Procesos Penales, Lysnay Mederos Torres y la Coronel del MININT, Moraima Bravet Garofalo, Jefa Dirección General Investigación Criminal, sobre el tratamiento procesal penal a los detenidos y desaparecidos participantes en las manifestaciones, demuestran el desconocimiento e irrespeto por el Estado de Derecho, la Democracia, la Legalidad, el Debido Proceso. Para estas funcionarias todos los que participaron en las manifestaciones van a ser investigados y procesados, no importa menores de edad, mujeres golpeadas, inocentes secuestrados de sus casas, ciudadanos pacíficos, (como la gran mayoría de los participantes). En fin prejuzgando a todos sin un juicio justo, ni sentencia de Tribunal alguno. Convierten la libertad de expresión por desacato y atentado; y manifestación pacífica por desórdenes públicos.
Alerto y denuncio a priori, que la Fiscalía General está incurriendo en conductas de Delito contra la libre emisión del pensamiento, artículo 291.1, y Delito contra el derecho de igualdad, artículo 295.1 del Código Penal cubano. Por favor, procesen y condenen a los verdaderos culpables.
Espero ver noticias igualmente de la Fiscalía Militar, sobre los policías y otros militares que reprimieron, golpearon, y arrancaron la vida de varios cubanos, si realmente los medios de comunicación pertenecen y representan al pueblo, según el segundo párrafo del artículo 55 de la Constitución.
Es tiempo de reconocer que llevamos tres generaciones de cubanos bajo un mismo Sistema fallido, sin desarrollo, sin prosperidad, sin libertades fundamentales, y de aquellas, la última no puede apostar su presente y futuro solo a consignas y promesas.
Es tiempo también que la Fiscalía, Tribunales y Bufetes Colectivos hagan honor a su título, a Agramonte, a su profesionalidad y a su honor en momentos determinantes que vivimos, cualquiera de esos jóvenes pudo ser su vecino, su amigo, su familiar, aunque es suficiente que sea un simple cubano buscando justicia y legalidad.
Resumiendo una vez más. Hay que escuchar las críticas, opiniones diferentes y disidentes, como medios de retroalimentarse del pueblo para localizar las deficiencias y sugerencias como contribución a ser parte de la solución y construir un país próspero y sustentable, donde todos los cubanos sin exclusión podamos hacer realidad aquellas palabras olvidadas de nuestro Apóstol…
… “Patria es comunidad de intereses, unidad de tradiciones, unidad de fines, fusión dulcísima y consoladora de amores y esperanzas” (T,I.93).
La Habana, 17 de julio de 2021.
Lic. Edilio Hernández Herrera.
Grupo Jurídico de Ayuda Ciudadana
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