Leon, heridos por turbas 23 de mayo 2018
El régimen de Daniel Ortega trata de ganar tiempo con la esperanza de que la represión y el agotamiento debiliten a la oposición en las calles pero esta insiste en mantener los tranques y las protestas exigiendo la salida de Ortega y Rosario Murillo. Los Obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, que actúan como mediadores y testigos del Diálogo Nacional, no parecen estar dispuestos a prestarse a la estrategia del gobierno y hoy 23 de mayo suspendieron el Dialogo Nacional hasta que una comisión –de ambas partes- que ellos mismos sugirieron, no llegara a un acuerdo.
Mientras el mismo día en la tarde las turbas del Gobierno y paramilitares sandinistas atacaron a manifestantes que estaban en un tranque en la ciudad de León, dejando a decenas de heridos. Los simpatizantes del Gobierno usaron armas de fuego para reprimir y atacar a los leoneses que se manifestaban de forma pacífica. Todos los heridos fueron trasladados al Hospital Escuela Óscar Danilo Rosales (HEODRA) de la ciudad universitaria. La Cruz Roja en León reportó a al menos 59 heridos. Entre ellos está el joven Manuel de Jesús Chevez Ramírez quien recibió un disparo en la cabeza, su estado es grave, informó el señor Anibal Toruño, director de Radio Darío. 100noticias
El Diálogo Nacional iniciado hace una semana en Nicaragua, con el objetivo de lograr una salida pacífica a la crisis que convulsiona a ese país, quedó suspendido por decisión de la comisión mediadora, señaló en un comunicado leído por el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Leopoldo Brenes quien indicó que: “dado que hoy no se ha logrado ningún consenso entre las partes, los Obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, como mediadores y testigos del Diálogo Nacional lamentamos vernos obligados, debido a esta falta de consenso, a suspender por ahora esta mesa plenaria del Diálogo Nacional”.
“No obstante sugerimos la conformación de una comisión mixta de seis personas, tres por cada parte, con el objetivo de que logren un consenso para superar este impase”, y, “cuando hayan logrado este consenso, les rogamos nos lo comuniquen para poder reiniciar el diálogo y nuestro servicio de mediación”, agregaron.
Fue la intransigencia de la parte gubernamental, que rechazó la agenda elaborada por la Comisión de Mediación y Testigo del Diálogo Nacional, integrada por Brenes, y otros cuatro obispos, lo que condujo a la comisión a suspender las conversaciones y plantear la integración una comisión mixta de seis miembros que se esfuerce por lograr el consenso necesario para retomar las deliberaciones.
El descuerdo fundamental fue que ante la agenda leída por el moderador del debate, el obispo Rolando Álvarez, el jefe de la delegación gubernamental, el canciller nicaragüense Denis Moncada, afirmó que el documento no fue consensuado y que, en realidad, marcaba una ruta hacia un golpe de Estado. Moncada, un militar retirado, aludió así a los puntos del texto referidos a superar la crisis, incluido el tema recurrentemente planteado por el sector opositor y en las manifestaciones callejeras: el fin del gobierno encabezado por el presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
El primero de los 40 puntos de la agenda planteaba una “reforma parcial de la constitución política en el presente año, a fin de adelantar las elecciones presidenciales, municipales, legislativas y de las regiones autónomas, a la mayor brevedad posible”.
Además, el tercer punto indicaba la “aprobación de una Ley Marco para la transición y gobernabilidad democrática para la Implementación de los Acuerdos Políticos del Diálogo Nacional que establezca las líneas de acción para garantizar los planteamientos de este documento”, además de establecer un calendario electoral, garantes del proceso –tales como la Organización de los Estados Americanos, Naciones Unidas, la Unión Europea. El mismo punto proponía que “las nuevas autoridades del Consejo Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia y la Contraloría General de la República y las autoridades que requieran designación de la Asamblea Nacional, serán nombrados producto del Consenso de la mesa del Diálogo”.
Moncada describió el texto como “una agenda que, al verla en su forma concentrada, nos lleva a un solo punto: el diseño de una ruta para un golpe de Estado, la ruta para cambiar el gobierno de Nicaragua, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, al margen de la Constitución, al margen del ordenamiento jurídico de Nicaragua, violando la Constitución, violando las leyes”.
Además, el jefe de la representación gubernamental centró las intervenciones de su grupo en exigir el levantamiento de los bloqueos de carreteras establecidos por comunidades a nivel nacional –popularmente conocidos como “tranques”-, en oposición a la represión.
La respuesta de representantes de la sociedad civil opositora –constituida, en el diálogo, en Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia- fue la de refutar lo planteado por Moncada, además de reafirmar, respecto a los tranques, que los bloqueos serán levantados cuando Ortega y Murillo abandonen el gobierno.
En ese sentido, el catedrático y analista político Carlos Tunnermann subrayó que “esta agenda (…) representa una ruta para un cambio democrático”, ya que “el pueblo quiere un cambio democrático y con justicia”.
Luego de incontables planteamientos irreconciliablemente opuestos que fueron formulados por ambas partes a medida que el debate avanzaba, sin conducir a consenso alguno, el obispo Álvarez dio a conocer y puso a votación dos propuestas de agenda –respectivamente, gubernamental y opositora-.
El planteamiento del gobierno, concentrado en tres puntos, planteaba “suspensión inmediata de todos los tranques del país que permita la libre circulación de la familia nicaragüense y su normalización y tranquilidad”, además del “cese inmediato de todo acto de violencia venga de donde venga”, y “garantizar los empleos de todos los y las nicaragüenses”.
Por su parte, la alianza opositora propuso “que la Conferencia Episcopal de Nicaragua presente directamente al Presidente Ortega”, cinco puntos de agenda, incluidos los referidos a adelanto de elecciones y a transición democrática, y planteó que sus integrantes “se comprometen a aunar esfuerzos y enviar un mensaje para la flexibilización de los tranques”.
Sin perjuicio de las posiciones hasta ahora irreconciliables de ambas partes, los obispos aseguraron que “hemos constatado efectivamente que hay una identidad común que nos une a todos, como la búsqueda de la paz y del amor a Nicaragua”.
Entretanto, en Washington, en un comunicado emitido por la Organización de los Estados Americanos (OEA), su secretario general, Luis Almagro, se refirió, entre otros puntos, precisamente, a la vía electoral como solución a la crisis nicaragüense.
“En cuanto a la salida política a esta situación hemos insistido que la misma debe ser electoral, sin exclusiones, sin inhabilitaciones con un proceso electoral justo, claro, transparente”, porque, “cualquiera que piense que Nicaragua tiene una solución diferente a la electoral se equivoca gravemente”.
En opinión de Almagro, un ex canciller uruguayo, “cuando la sociedad esta polarizada, la decisión debe volver en forma urgente al soberano: el pueblo”.
La voluntad política del gobierno nicaragüense quedó hoy a prueba. La recuperación –o no- del diálogo ahora suspendido, depende de su voluntad de consensuar puntos básicos para que esa esperanzadora opción de paz para Nicaragua no se pierda.
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