La Policía Nacional Revolucionaria debería ser un ejemplo de civismo

Editorial de La Nueva República

Las instituciones que velan por el orden público son necesarias para
garantizar el buen funcionamiento de cualquier sociedad humana. El
Estado, representado por estas organizaciones, debe garantizar el
cumplimiento de ciertas leyes, cuyo objetivo primordial no es otro que
hacer valer los derechos –como también hacer cumplir los deberes– de
todo ciudadano.

La policía es una herramienta que vela por ese
orden, establecido legítimamente. Es un cuerpo que existe en todos los
países más o menos civilizados, y que debería ejercer, en caso ideal,
las importantes tareas de servir y proteger. La policía, con toda razón,
debe garantizar la vida, la propiedad y el derecho.  Con este
preámbulo, sobreviene una pregunta:

¿cuál es el orden legítimamente
establecido en Cuba sobre el cual la policía tiene el deber de velar?

El
primer tropiezo para cualquier legitimidad del orden en la Cuba de hoy
se encuentra en lo ambiguo de los conceptos de Estado, Gobierno y
Partido, que se mezclan arbitrariamente, desdibujando cualquier marco
jurídico favorable al derecho ciudadano que es, por naturaleza propia,
opuesto a los poderes absolutos. 

  

Pero el orden establecido en 1959, y
solo instaurado legalmente en la Constitución de la República de Cuba de
1976, desconoce derechos humanos fundamentales como los de expresión o
asociación. Más bien, aquel orden está compuesto por un pequeño grupo
casi invariable de personas que dirigen el país desde hace décadas sin
elecciones creíbles o partidos de oposición reconocidos.  Por lo tanto,
los “agentes del orden” actúan en representación de un Poder excluyente,
incapaz de asimilar cualquier manifestación contraria a la única
ideología impuesta. 

Desgraciadamente, un órgano como la Policía debe
dejar de perseguir verdaderos criminales, para reprimir a pacíficos
manifestantes o grupos opositores que demandan, en resumidas cuentas, un
país mejor para todos.

En las sociedades libres, que conservan
los mismos compromisos cívicos de los cuales el gobierno de Cuba es
signatario, las manifestaciones de protesta  se suceden a diario,
mientras los uniformados se limitan a contemplar que éstas se
desarrollen exentas de eventos lamentables. Es más, se ve como algo
abominable que ocurran golpizas o arrestos, y las protestas ante esos
comportamientos sicarios se denuncian de inmediato en los medios de
comunicación, incluso locales.

En Cuba, los agentes del orden
pertenecientes a la Policía Nacional Revolucionaria, deberían ser un
ejemplo de civismo similar. Ellos cumplen la función de perseguir y
castigar delincuentes. Eso es necesario e importante. Lo que no deberían
hacer es reducir mediante golpes, arrestos arbitrarios o cualquier otro
tipo frecuente de represión, a los ciudadanos que se expresan por una
apertura política e ideológica, a los activistas de cualquier partido
político opositor y en fin, a cualquier individuo que se exprese
independientemente.   

Y no lo deberían hacer, además, por un motivo
fundamental: la oposición en Cuba es, en esencia, no violenta,
conciliadora y nacionalista. El uso de la fuerza y del terror tiene
asegurada su derrota moral al combatir contra semejantes armas de la
virtud.  

Por Víctor Ariel González.