Recientemente el «Ministerio de Justicia» actualizó los precios de los trámites en las oficinas jurídicas. Los servicios jurídicos y algunos trámites relacionados con el derecho, se comenzarán a obtener a través de la Oficina Nacional de Bufetes Colectivos, ONBC, una entidad que atiende a las personas naturales con residencia permanente en el país.
Estos servicios se pagan en pesos cubanos, según la Resolución 321 del 2023, del Ministerio de Justicia, pero conocemos que la intríngulis de todas las nuevas disposiciones en Cuba, siempre entrañan maldad y obstáculos para los cubanos.
Esta nueva resolución establece que los importes se abonarán por el cliente al momento de firmar el contrato de servicio jurídico y se hará constar en el mismo, la aceptación de sus bases, una navaja de doble filo que aboca al cliente a la dependencia de la resolución, a sabiendas que en Cuba el entresijos de trámites y sub trámites convierten en un laberinto cualquier gestión de un cliente. .
Los nuevos precios a través de los bufetes colectivos según informa la resolución, serían: Anulación del matrimonio, 990 pesos. Así mismo el trámite de divorcio con solicitud de privación o suspensión de responsabilidad parental.
Algunos conflictos sobre el derecho de propiedad costarán 1100 pesos por representación y 660 por mediación. También las reclamaciones al derecho de autor costarán 3000 pesos por representación y 1800 pesos por mediación.
El documento de precios tiene más de 40 páginas, incluyen también trámites de viviendas determinados sobre los 990 pesos y 550 por mediación según lo que se requiera de los bufetes. La separación o liquidación de bienes del matrimonio, o la unión, suben hasta 3000 pesos.
Una sencilla lectura a esta disposición del ministerio de justicia, deriva en que los ciudadanos comunes, pobres trabajadores de una “seudo república oprimida”, deben pensarlo dos veces para casarse, o divorciarse, quedando supeditado a una política de precios que no conjuga los salarios con simples necesidades existenciales de los individuos.
Mario Matos, vecino de 5ta avenida y 230, en Jaimanitas, fue a casarse y los gastos solo de documentos le excedieron de su salario normal como custodio del policlínico.
“Tuve que darle 500 pesos a un cartero que iba pasando por la calle en ese momento, por el bufete y 500 a otro que también se iba a casar. De trámites se me fue casi más que mi salario mensual y eso descontando el brindis, que tuve que dar lo mínimo para que el dinero me alcanzara.
Julián Álvarez, vecino del reparto “Ramiro Valdés” y trabajador de la fábrica de vidrio de La Lisa, se queja que tuvo que pagar mucho dinero para divorciarse de Remigia y poder casarse con Laura. Y al final no lo logró.
“Una locura de dinero lo que me pidieron. Gastos de abogado, de representación. Antes uno se divorciaba y ya. Ahora todo es un laberinto, de trámites, de pagos. No me alcanzó el dinero para la gracia de divorciarme de Remigia y tuve que seguir casado, viviendo con Laura, que me da el berro todo el día. Ese es el destino de un trabajador cubano: Vivir como dictan las leyes. No hay opción. Ni libertad”.
Yunia Figueredo, delegada del CID en Jaimanitas
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