Otro dirigente amenazado de no participar en las elecciones

El viernes 1 de septiembre de 2017, a las 9:10 de la noche, fue detenido en su vivienda el abogado y defensor del pueblo José Ernesto Morales Estrada. El jefe de sector, capitán Bismal, le dijo que tenía que acompañarlo para hacerle unas pregunta, cuando el abogado salió a la carretera se aparecieron varios agentes de la policía política en un auto marca Lada de color rojo y una moto Suzuki y frente a su casa, sin orden de detención, lo montaron en el auto y lo trasladaron a la unidad de la policía de Pinar del Río.

En la unidad lo esperaba el teniente coronel Beune y el capitán Juan Pérez quienes le dijeron que tenía una denuncia de desacato a un funcionario público, que el delegado de su circunscripción lo acusaba de desviar el sentido de la reunión de entrega de teléfonos en su distrito y que José Ernesto lo había ofendido delante de todos los participantes cuando le dijo que todos los ciudadanos tenían el mismo derecho a tener un teléfono y que lo que querían era obligar a la gente a colaborar cuando los necesitaban, que siempre dan beneficios cuando se acerca una fecha y quieren el apoyo del pueblo.

José Ernesto aclaró que nunca ofendió personalmente a ese funcionario y solo defendía los derechos de cada ciudadano. En esta reunión de su circunscripción, en la que el gobierno favoreció a los ciudadanos que pertenecen a los “comités de defensa de la revolución” con la asignación de teléfonos y que allí siempre sobraron las palabras de que éstos solo eran para los revolucionarios, lo que provocó indignación en muchos que dijeron que todo eso lo hacían porque en solo cuatro días serán las elecciones a candidatos a las asambleas municipales y el gobierno solo buscaba respaldo.

Después de cuatro horas de amenazas, José Ernesto fue puesto en libertad con la advertencia que no podía participar en las elecciones a candidatos que son a partir del día 5 de septiembre y que continúa bajo investigación. A pesar de todo, fue multado por desorden público .

Por la Defensoría del Pueblo: abogados Rigoberto González Vigoa, representante del OCDH, Ada González Pérez, Calixto Evaristo Miranda y la periodista Daudy Hermelo Lago.

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