Artemisa , 22 de diciembre de 2015
A la dirección del Poder Popular de Artemisa CC: Dirección de Salud Municipal.
Por este medio yo, Santiago Alonso Pérez, de 71 años de edad y número de identidad 44032008587, quiero hacerles partícipes de la precaria situación a la que las autoridades cubanas me han sometido desde hace más de una década.
Los motivos que me han enviado al más absoluto aislamiento y desprecio por parte de las instituciones cubanas, son los de ser un confeso opositor al gobierno de Cuba, razones estas que son más que suficientes para que se condene a cualquier persona al ostracismo.
Desde hace cuatro meses sufrí una fractura de cadera, y encontrándome en el Hospital Provincial Ciro Redondo García de este municipio, tuve que esperar hasta el día siguiente para ser intervenido quirúrgicamente, razones que no admiten explicación.
Esto por supuesto ha conllevado que el periodo de recuperación sea más demorado y doloroso. En mi vivienda, ubicada en calle 20 # 1502 e/ 15 y 17, reparto El Rastro, solo he recibido la visita de integrantes de la Delegación del CID en Artemisa, quienes me han ayudado con medicamentos para aliviar el dolor, ya que la doctora Adis, responsable de brindarme la atención profesional adecuada, no ha realizado ninguna visita a mi vivienda para interesarse por mí, a pesar de radicar a solo 100 metros de distancia.
Mi condición de presidente del Frente Patriótico de Reconstrucción Nacional con sede en Artemisa en el periodo comprendido entre los años 1989-2003 fue más que suficiente para que las autoridades pertinentes me negasen la chequera, alegando que mis dos hijas podían hacerse cargo de mí y de sus hijos, lo que evidencia la persecución contra mí persona.
Que conste que mi hija Mabel solo percibe un salario de 350 pesos, el equivalente a 14 CUC, que no alcanza para mantener un núcleo familiar de 5 personas, incluidos los dos menores.
Por este medio exijo a las autoridades correspondientes que se me dé respuesta a esta penosa situación en que me encuentro, sin que para ello se tenga en cuenta mis ideas políticas, y que el gobierno cubano termine por reconocer mis 23 años de vida laboral.
Por Carlos Suarez, Defensoría del Pueblo
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