El régimen castrista, mediante sus medios oficialistas Granma, Radio Rebelde, el Noticiero de la Televisión (NTV), así como en la Gaceta Oficial Ordinaria No.20 Acuerdo 8999/2021 del Consejo de Ministros, ha dado a conocer una nueva y abarcadora extensión de las “Zonas y Vías de Interés para la Seguridad y Orden Interior en La Habana”. Así amplían y garantizan una férrea seguridad para la cúpula del gobierno, fortificando sus vías de movimientos, zonas estratégicas de seguridad y confort por temor a estallidos sociales. Incluye lugares donde residen ministros, militares de alto rango, entre otros funcionarios. Zonas donde figuran áreas con presencia de embajadas, residencias diplomáticas, empresas extranjeras, organismos de la administración central del Estado y de interés turístico. Así pueden usar una ley para justificar la represión ante cualquier manifestación de protesta popular.
En la gaceta detallan varios Consejos Populares y vías específicas de la capital, que pasarán a ser una especie de “zonas especiales” o “congeladas”, controladas totalmente por el Ministerio del Interior (MININT). Estas zonas son: Siboney-Atabey, Cubanacán, La Coronela, Plaza, Vedado, Príncipe, Colón-Nuevo Vedado, Ceiba-Kholy, Vedado-Malecón, Sevillano, Tallapiedra; y las vías específicas de los municipios Marianao, La Lisa, y Boyeros. También la zona de Antilla, en la provincia de Holguín. En estas áreas el MININT establece regulaciones para informar o solicitar la aprobación de las actividades a realizar por las personas naturales o jurídicas.
Varios acontecimientos han ocurrido en las inmediaciones de estos lugares desde hace varios años, por ejemplo, el 10 de agosto de 2019, aproximadamente unos 200 usuarios de la Street Network en La Habana (SNET), se concentraron de manera sorpresiva frente al Ministerio de las Comunicaciones, para exigir el respeto de su red inalámbrica. El 27 de noviembre de 2020, un grupo de artistas e intelectuales se plantó a las afueras del Ministerio de Cultura en protesta por el violento desalojo al que fueron sometidos los activistas acuartelados del Movimiento San Isidro. En pocas horas a la pequeña manifestación se sumó un grupo considerable de personas, muchas de estas, personalidades de la cultura cubana. El régimen respondió con el uso de gas pimienta, el corte deliberado de servicios de internet y la represión a la que posteriormente sometieron a los organizadores del evento. El 27 de enero de 2021 ocurrió otro plantón, nuevamente frente al Ministerio de Cultura, con otras desagradables y abusivas acciones por parte del régimen. El pasado 19 de febrero de 2021, un grupo de animalistas realizaron una protesta pacífica frente al Ministerio de la Agricultura (MINAGRI), para exigir la definitiva aprobación del prometido Decreto Ley de Bienestar Animal.
Bajo esta dictadura no podía faltar una ley que “impida” demostraciones pacíficas, y para esa es la razón de “el Acuerdo 8999/2021 cuyo objetivo es someter las zonas señaladas a la voluntad del MININT. En lo adelante cualquier protesta que se lleve a cabo en las áreas definidas será inmediatamente cuestionada “desde la legalidad” y reprimida.
El temor a un estallido social atemoriza a la dictadura y estas medidas “legales” se suman a otras de carácter financiero que no tienen otro fin que poner una camisa de fuerza a la población aún más asfixiantes que los arrestos y condenas injustificadas contra personas que el régimen considere un peligro real, potencial o imaginario, sumado a los abusos y castigos arbitrario contra cualquier ciudadano inocente con el propósito de sembrar el terror en la población.
Por Jesús Silva Gala, dirigente del CID en Pinar del Río
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