La llegada de una nueva administración a la Casa Blanca, con un paquete de medidas que retornan a la dictadura castrista a la lista de estados patrocinadores del terrorismo, a nación presa bajo un régimen represivo comunista que lo ha llevado a la ruina, son los acontecimientos fundamentales que marcan el mes de enero en la mayor de Las Antillas.
Y esa ruina se palpa en las reiteradas reclamaciones y denuncias ciudadanas de la gente pobre, sobre todo de los campos de Cuba, que piden a grito auxilio ante la desprotección y la miseria en que los ha sumido el régimen.
Cuba Independiente y Democrática (CID) con sus delegaciones a lo largo del país, sirvió de hilo conductor a través de las Defensorías del Pueblo, del grito de auxilio ciudadano con el oído del Estado y sus dirigentes, donde se les exponen los problemas de la población y se les compromete a darles solución o respuesta.
Treinta defensorías fueron el resultado del trabajo del mes de enero. Las categorías de las defensas del Pueblo se dividieron de la siguiente manera: Reclamo ciudadano 8, Asistencia Social 14 y Denuncia ciudadana 8.
La situación de la población rural en Cuba, que es crítica, en San Juan y Martínez se corrobora de una manera particular con la cifra de casos de personas que rondan la mendicidad, con una desprotección absoluta ante la carestía de la vida, y de un estado burocrático y corrupto que impide el desarrollo de la agricultura y todo esfuerzo de emprendimiento personal.
El agricultor Pedro Soa cultiva frijoles y tabaco y ve perder su cosecha año tras año y todo su esfuerzo, porque la cooperativa estatal no le da combustibles. Pedro no puede comprar el litro de petróleo porque le resulta demasiado caro y le imposibilita su trabajo en la tierra.
Desde La Tinaja en Rio seco, Pinar del Río, un niño inválido clama por la ayuda de Asistencia Social. Su madre, pobre y enferma, llora por no contar con los recursos para comprar sus medicamentos.
En el hospital Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo, un recién nacido perdió la vida y su madre acusa a los médicos de negligencia, pues no tomaron las medidas necesarias para salvarlo. Es un dolor que no puede ser compartido, pero la denuncia del hecho es un deber impostergable de los Defensores del Pueblo de Cuba.
Desde Arroyo Seco en Velasco, municipio Gibara en la provincia Holguín, Senaydo Pérez Jordán se queja de encontrarse muy mal de salud, con su vivienda en pésimas condiciones. Sin una pensión para aliviar sus penas, comprar sus medicamentos y su alimentación. Este anciano que a gritos pide ayuda, es uno más de los tantos ancianos que mueren olvidados por la desnutrición y las enfermedades curables.
Otros casos de reclamación ciudadana, denuncias y solicitudes de asistencia social se tramitaron por los canales establecidos dirigidos a que los responsables en el gobierno asuman y resuelvan las responsabilidades inherentes a sus cargos.
La represión policial y el hostigamiento de la Seguridad del Estado contra los activistas pacíficos defensores de los Derechos Humanos arreció en este mes de enero, con citaciones y vigilancia en sus viviendas y en su entorno digital, aun así estos luchadores continúan con su trabajo de denunciar y hacer público los atropellos de la maquinaria comunista.
Enero se caracterizó por más represalia contra la gestión privada. En la semana del 13 al 19 solo en la provincia de Matanzas hubo una redada contra trabajadores por cuenta propia, donde se ejecutaron más de 13.000 acciones por parte del cuerpo de inspectores estatales, quienes aplicaron más de dos mil multas por un valor de 5 millones de pesos.
A pesar de esta fuerte arremetida, el primer ministro Manuel Marrero consideró insuficientes las cifras, e instó a los gobiernos locales a incrementar el ritmo y el rigor en las acciones de control. Como incentivo a esta política represiva, a partir de enero se implementó un nuevo sistema de pago para los inspectores, quienes en lo adelante recibirán mejores salarios según la cantidad de multas aplicadas.
En enero la Isla se vio sacudida por la noticia de acuerdos alcanzados entre el régimen castrsita y el Vaticano, para excarcelar a los presos políticos de las manifestaciones del 11 de julio, y a otros presos políticos que cumplen condenas injustas por ejercer la libertad de expresión. La excarcelación el régimen la interrumpió a los pocos días de iniciadas, como represalia por la inclusión nuevamente de este gobierno en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo.
La instructora de arte Lisandra Góngora, madre de cinco hijos y residente en el municipio Güira de Melena, está condenada injustamente a 14 años de prisión, Lisandra salió a las calles el 11 de julio junto a cientos de vecinos a pedir libertad, ese fue su delito. Pedimos la libertad inmediata para esta madre cubana y para todos los presos políticos. Y pedimos libertad para nuestra patria que sufre.
Frank Correa. Defensor del Pueblo de Cuba.
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