Quien en su sano juicio podría imaginarse que las universidades en Cuba no son un instrumento de sometimiento y propaganda en un país donde los medios de comunicación masivos están en manos de la dictadura, donde el control de la mayor parte de la economía lo manejan los militares y donde el sistema educativo, desde la niñez hasta los centro de investigación, son estrictamente vigilados y exclusivos para quienes le rinden obediencia al régimen.
Solo un tarado mental, un cómplice o un villano podrían autorizar una ayuda millonaria a cualquier institución en Cuba dirigida por el monopolio estatal, que decide que se enseña, que se piensa y que se hace con las personas y los recursos.
Un caso es el de Karla Pérez González, expulsada de la Universidad Central Marta Abreu cuando se negó a convertirse una informante para la policía política en el grupo opositor del cual formaba parte.
Y con este preámbulo lean la siguiente información:
La Comisión Europea destinó en 2019 una partida de tres millones de euros a una universidad cubana que no tiene empacho en expulsar de sus aulas a quien no comulga con la «defensa de la Revolución». Este centro académico ha expulsado en los últimos a años a al menos quince estudiantes y una profesora por motivos.
El ejecutivo de Bruselas concedió a la Universidad Central Marat Abreu de Las Villas a través de una partida que figura como ‘Fortalecimiento de universidades y centros de investigación cubanos en fuentes renovables de energía y eficiencia energética’, según denunció el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y figura en el portal de Transparencia de la UE, tal como ha podido comprobar ABC.
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