“Cuando el hambre y la enfermedad se convierten en instrumentos de castigo, la prisión deja de ser un centro de detención y se convierte en un mecanismo de destrucción.”
DEFENSORÍA DEL PUEBLO PRESENTA DENUNCIA INTERNACIONAL
Expediente No. 00131902261311
La Defensoría del Pueblo ha presentado formalmente una denuncia ante organismos internacionales de derechos humanos por la grave y sistemática situación que impera en varias prisiones cubanas, donde se reportan hambre extrema, negación de atención médica, violencia física, aislamiento punitivo y muertes bajo custodia estatal.
Lo documentado no constituye un hecho aislado. Se trata de un patrón estructural que apunta a una práctica penitenciaria orientada a quebrar física y psicológicamente a los reclusos —especialmente a los presos políticos— y a utilizar su sufrimiento como mecanismo ejemplarizante frente a una población civil descontenta.
Motín en Canaleta: El 19 de febrero de 2026, presos políticos —apoyados por reclusos comunes— se amotinaron en la prisión de Canaleta, en Ciego de Ávila, denunciando hambre extrema, hacinamiento severo, insalubridad, golpizas y falta de atención médica. Testimonios coincidentes reportan el uso de balas de goma y gas pimienta dentro de las celdas. Posteriormente se habrían producido represalias, aislamiento y traslados punitivos.
Hambre y tuberculosis en varias prisiones: Se han recibido denuncias consistentes en Canaleta (Ciego de Ávila), Boniato (Santiago de Cuba), Las Caobas (Palma Soriano) y Panamá (Güines) sobre deficiencias graves en la alimentación, propagación de tuberculosis, falta de medicamentos y negación de atención médica oportuna. Existe especial preocupación por jóvenes encarcelados tras las protestas del 11 de julio de 2021. La organización Cuba Independiente y Democrática (CID) ha estado proporcionando asistencia alimentaria a presos en estas prisiones, lo que evidencia la precariedad extrema del sistema penitenciario.
El caso de Luis Miguel Oña Jiménez: El preso político Luis Miguel Oña Jiménez, de 27 años, condenado por el 11J, sufrió isquemia sin tratamiento médico adecuado. Fue excarcelado cuando su estado ya era irreversible y murió pocos días después. Este patrón —deterioro grave bajo custodia seguido de liberación tardía— puede implicar responsabilidad estatal por muertes ocurridas bajo detención.
Fundamento internacional: El Estado cubano es responsable por la vida e integridad de toda persona privada de libertad. La privación sistemática de alimentos, la negación de atención médica y el uso desproporcionado de la fuerza podrían constituir violaciones graves del derecho internacional, incluyendo la Convención contra la Tortura, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y las Reglas Mandela de la ONU. Si estas prácticas forman parte de un patrón generalizado o sistemático, podrían encuadrarse dentro del artículo 7 del Estatuto de Roma como crímenes contra la humanidad.
Se solicita investigación internacional independiente, medidas urgentes de protección para los reclusos, transparencia sobre muertes bajo custodia y activación de mecanismos de rendición de cuentas.
La vida de los presos está en riesgo.
Frank Correa
Defensor del Pueblo
Defensoría del Pueblo
info@defensoriacuba.org
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