La policía arrastró con cuanto negociante encontró a su paso

Por |2018-01-08T11:25:11-06:006 abril, 2017|CID, Defensoría del Pueblo de Cuba, Varios|Sin comentarios
Artemisa 20 de marzo de 2017. Tras un evidente incremento de la represión que solo se justifica por el miedo que están sintiendo las autoridades cubanas ante un posibles incremento del descontento popular, Artemisa amaneció el pasado sábado bajo un fuerte operativo policial que dejó un saldo de varias decenas de personas detenidas, varios de ellos directivos de la red comercial del centro de la ciudad.
Aunque este despliegue policial estuvo dirigido más bien a contrarrestar el incremento de la corrupción que afecta, no solo a Artemisa sino a todos los rincones de la isla, la policía arrastró con cuanto negociante encontró a su paso sin tener en cuenta si estos estaban autorizados o no para realizar su debida labor.
Algunos testigos afirman que el establecimiento comercial conocido como -La Mina de Oro- fue el más afectado y que su gerente fue trasladado hacia la unidad policial de este municipio para prestar declaraciones, al parecer por encontrarse el citado establecimiento, desviando mercancías que van a parar a particulares que luego alteran sus precios iniciales, haciendo aún más difícil la vida del cubano de a pie.  
Lo que no se explica es que la emprendan contra aquellos denominados cuentapropistas sin la menor justificación, en franca violación de sus más elementales derechos, aun cuando estos cuentan con el debido permiso para desarrollar su gestión.
La Defensoría del Pueblo de Artemisa acudió al lugar y pudo conversar con varios testigos que afirmaron estar de acuerdo en que se combatan hechos de corrupción que laceran el bienestar de la mayoría, principalmente contra aquellos que tienen bajo su responsabilidad la administración de los recursos del pueblo, pero afirmaron no entender porque reprimen sin justificación aparente, a los infelices que están tratando de hacer negocios que no afectan a nadie.
Janet Soler, joven de 28 años que se encontraba en el momento del operativo policial, fue sacada del establecimiento La Mina de Oro, al que había acudido a realizar unas compras sin que se le diera la más mínima explicación, ella se pregunta si realmente existe en este país el derecho del consumidor y más aún, el de la dignidad que ella sintió, le fue violado. 
Otro joven, revendedor de dólares que se encontraba también en dicho lugar y pidió permanecer en el anonimato por temor a represalias, dijo que tuvo que salir corriendo para evitar ser detenido ya que esta actividad en la isla tampoco es reconocida. Para este joven lo que se está viviendo es el fin de una dictadura que sabiéndose en el ocaso de su existencia, puede tornarse más peligrosa y agresiva. 

Por Mileisis Vigoa, Delegada del CID, Municipio Artemisa y Defensora del Pueblo.    
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