Ni servicio sanitario, ni agua potable, ni camas, ni colchones, ni electrodomésticos

Por |2018-01-08T11:24:57-06:001 mayo, 2017|CID, Defensoría del Pueblo de Cuba, Varios|Sin comentarios
Pinar del Río. La vivienda sigue siendo un problema para la población cubana, los créditos otorgados por las entidades bancarias no son suficientes para adquirir los materiales que tienen un precio muy elevado. Esta situación ha generado múltiples quejas en la población que han sido presentadas a todos los niveles, sin que hasta el momento exista una respuesta adecuada. 
En este callejón sin salida se encuentra Idalmis Rodríguez Mena, quien vive con su hija Irabelis Martínez Mena y sus dos hijos pequeños, Sandiel de un año y Samuel de tres años, además de su abuela de 76 años. Oria Menas Valdés, que padece de esquizofrenia paranoide y demencia senil transitoria. 
Esta familia residente en Avenida Alameda No 19, subsiste de sólo un salario y el techo que les cobija está en peligro de derrumbe.  Su casa no cuenta con servicio sanitario, ni agua potable. No tienen equipos electrodomésticos, ni camas, ni colchones, ni avituallamiento. 
Viven en condiciones infrahumanas, sin techo ni agua potable. Su hija se ha presentado ante el Poder Popular provincial ningún éxito.  En mi visita a su hogar ella nos dijo: “Llevo 40 años viviendo en este lugar y nunca ha venido ningún funcionario del Gobierno ni del Partido a interesarse por la situación de nuestra vivienda”.
Estas circunstancias son de conocimiento de los profesionales del área de Salud Pública donde vive, del Delegado de la zona, de los trabajadores sociales y de los dirigentes del gobierno municipal y provincial. Todos evaden sus responsabilidades y hacen caso omiso a su caso. Las instituciones gubernamentales deben tomar conciencia y en breve tiempo analizar la situacion y dar una respuesta inmediata para el mejoramiento humano de esta familia.
En esa realidad están viviendo muchas familias cubanas y lo peor del caso es que todavía no se vislumbra una solución a corto plazo. Las medidas implementadas por el Estado de vender de forma liberada los materiales de construcción sigue siendo insuficientes por el desabastecimiento y los altos precios comparados con el salario de los trabajadores. 

Por Sandra Haces Ramos, Defensora del Pueblo

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