Ser defensor de los derechos humanos es un "pecado" imperdonable que justifica cualquier atropello

A: Oficina de Atención a la población. Consejo de Estado. República de Cuba. Me dirijo a esa entidad amparado en el artículo 63 de la constitución vigente para reclamar mis derechos ante lo que considero una afrenta a los valores cívicos que debe promover una nación con y para sus ciudadanos. Desde hace varios años se viene presentando una serie de anomalías que dificultan mi normal desarrollo personal y profesional. Sin dudas el hecho de ser activista en pro de los Derechos Humanos, de ser crítico ante actitudes corruptas en nuestra sociedad es un «pecado» imperdonable que justifica cualquier atropello, método o medida disuasoria o marginal de los funcionarios públicos. Funcionarios que se les orienta desde instancias superiores de la estructura del estado, a cerrarles las oportunidades a aquellos que no están alineados a la política oficial del gobierno. No tengo dudas de tal proceder contra mí a pesar de que soy una persona correcta, respetuosa y solidaria con los vecinos y de asumir con absoluta franqueza mi responsabilidad ciudadana.

Entre los obstáculos con que se me frena vale destacar la dificultad para obtener un empleo fijo, pues cuando lo he obtenido en breve tiempo la entidad contractual me declara no idóneo, arguyendo incompatibilidad con el puesto laboral o simplemente aducen cierre de contrato por tiempo determinado a pesar de que luego se confirme que la plaza sigue vacante. Realmente mi percepción es que motivos extra laborales se entrelazan para mantenerme al margen, aislado y sin posibilidad alguna de realizarme como un ciudadano común. Siempre he tratado de superarme, tengo títulos por cursos de operador de Microsoft Windows y otros similares en computación recibidos por el «Joven Club de Computación y Electrónica» de mi localidad. Tengo título de Técnico Medio en Explotación de Transporte, certificado de Realizador de Sonidos y certificado para ejercer como profesor de Educación Física.

Yo he continuado en la búsqueda de solución de mis problemas laborales. Reciente coincidí con el Presidente del Consejo Popular de mi pueblo, el señor Luis Escobar, al cual le insisto en mi caso, agravado en estos meses porque fui sometido a una delicada operación por padecer cromoblastiomicosis, que requirió de la sutura de cientos de puntos quirúrgicos. Sin embargo Escobar, aunque entiende y comprende mi situación, se muestra dubitativo, como dando a entender que recibe instrucciones de mantenerme flotando entre mis quejas y exigencias.

En febrero de 2018 solicité la instalación de un teléfono que se otorgaba en mi zona de residencia y aun cumpliendo las normas o requisitos del mismo, inmediatamente fui declarado no idóneo y presenté la reclamación ante el Órgano del Poder Popular de Puerto Padre. Siete después, en septiembre, desfasado en el tiempo llega la respuesta negativa del «Consejo de la Administración», firmada por su vice presidente como: “sin razón”. El día 24 del propio mes de septiembre me dirijo al Consejo de la Administración Provincial en Las Tunas dónde me recibe la vice-presidenta del órgano, que hace promesas de respuestas y solución y hasta la fecha el silencio es total. Ese mismo día dialogo con el responsable de comunicaciones de esa instancia por motivos laborales y todo queda en promesas igual.

Por otra parte, yo vivo en una pequeña parcela que adquirí luego de un dilatado proceso legal, sin embargo hasta ahora ha resultado imposible obtener el metro contador requerido para el alumbrado. Un problema que he tramitado adecuadamente sin respuesta definida, incluso el delegado de mi circunscripción, conocido como primer teniente Fernando está al tanto de la situación y su indiferencia es notable. Resulta increíble que, tanto para lograr un vínculo laboral estable, obtener un metro contador o la instalación de un teléfono yo sea tan marginado por el estado que se auto proclama el más humanitario y justo del mundo.

Cuando me dirijo a éste Consejo de Estado no lo hago por pedir clemencia o privilegios alguno; es un derecho constitucional soberano. Como ciudadano cubano en plenitud de sus facultades físicas y mentales exijo justicia ante éste órgano supremo de la República de Cuba. Que obre con neutralidad y no se pliegue a principios políticos o ideológicos a la hora de discernir las quejas de uno de los ciudadanos que debe representar

Esperando una respuesta digna y esclarecedora,

Atentamente: Norberto Dorta Sánchez, CI: 73092321924, vecino de calle 29 #112 entre 31 y 50, La Represa. Delicias.