Por Fernando Ochoa Antich, El Nacional, Venezuela
25 de febrero de 2018
En mi anterior artículo mantuve que al cerrarse, por la acción arbitraria del régimen madurista, la solución electoral, se le presentan a la oposición democrática tres complejas formas de acción: la protesta popular, la salida militar y la intervención multilateral de los países de América y de Europa. La protesta popular tiene una debilidad en sí misma: toda protesta, no importa cuán pacífica y justificada sea, siempre será criminalmente reprimida por las fuerzas militares, policiales y las bandas armadas de la dictadura, como ya ocurrió en los años 2002, 2014 y 2017, con un saldo trágico de muertos y heridos. La salida militar tiene tal tradición histórica en Venezuela y en la América Latina que siempre será considerada por la opinión pública como una alternativa de solución a una grave crisis política, como la que actualmente enfrenta nuestra patria, sin que surja ninguna posible solución. La intervención multilateral será tema de mi próximo artículo.
La posición que mantuvo Nicolás Maduro, en días pasados, al rechazar de manera absoluta la posibilidad de una insurrección militar, provoca cierta hilaridad. Parece desconocer nuestra historia política y militar. Son muy numerosos los presidentes, legítimos e ilegítimos, que han hecho la misma afirmación. Al ser sorprendidos por un levantamiento en los cuarteles, han quedado normalmente anonadados por los turbulentos hechos. Así le ocurrió a Juan Vicente Gómez y a Eleazar López Contreras, comandante de la guarnición de Caracas, el 7 de abril de 1928; a Isaías Medina Angarita, el 18 de octubre de 1945; a Rómulo Gallegos, el 24 de noviembre de 1948; a Marcos Pérez Jiménez, el 1° y el 23 de enero de 1958; a Carlos Andrés Pérez y a mí, el 4 de febrero de 1992; y al felón de Hugo Chávez, el 11 de abril de 2002. Lo que no se conoce es que además de las contadas insurrecciones militares exitosas han ocurrido numerosos intentos conspirativos que han terminado en el fracaso o en la ilusión. El presidente Luis Herrera fue más realista al expresar: “Los militares son leales hasta que se alzan”.
Pues bien, ante la tozudez de Nicolás Maduro, e incapacidad y corrupción de la camarilla gobernante, para dar solución a esta catástrofe nacional, nuestro pueblo desesperado por la pobreza, el hambre, la muerte y la diáspora, ha empezado a discutir el tema de la salida militar como una solución a la tragedia nacional. Es tan preocupante el estado de cosas en Venezuela, que los demás Estados de la región se sienten realmente amenazados en su estabilidad. Esta realidad debe de haber presionado, de tal manera, al secretario de Estado, Rex Tillerson, que antes de iniciar una gira por México, Argentina, Colombia, Perú y Jamaica, decidió dar la siguiente declaración: “En la historia de Venezuela y otros países suramericanos muchas veces el ejército es el agente de cambio cuando las cosas están tan mal y el liderazgo ya no puede servir a la gente”. Tal declaración no se produce improvisadamente antes de iniciarse una visita oficial. No tengo la menor duda de que ese tema fue tratado con los distintos jefes de Estado. La pregunta que surge es la siguiente: ¿Es tan grave la situación de Venezuela que se llega al extremo de considerar la salida militar como una posible solución de la crisis nacional?
La respuesta está a la vista, agravada, aún más, por las últimas declaraciones del encargado de negocios de Estados Unidos, Todd Robinson. La responsabilidad recae en Nicolás Maduro. Su perversa ambición de mantenerse en el poder, a cualquier costo, lo ha llevado a negarse, de manera contumaz, a contribuir en la solución de la crisis: la única manera de encontrar una alternativa a la violencia es solicitarle al CNE la convocatoria a elecciones, justas y transparentes, en el mes de diciembre de este año, o en una fecha más cercana, pero no en abril de 2018. Al cerrar esta posibilidad ha abierto el camino de una posible salida militar. En todo caso, de presentarse tan delicada circunstancia, no podría ser utilizada por Maduro para presentarse como víctima de una acción de fuerza y mucho menos, para calificarla de un acto inconstitucional. Ha sido el propio Maduro, quien consuetudinariamente se ha dedicado a violar la carta magna y el Estado de Derecho, en detrimento de las condiciones de vida de un pueblo que lo único que le ha exigido es que se le permita opinar, con plena libertad, como legalmente le corresponde.
Durante un largo tiempo se debatió sobre la distinción entre golpes buenos y malos con base en la transformación histórica que eran capaces de producir. Mi criterio es que toda insurrección militar en contra de un gobierno legítimamente electo, respetuoso de la Constitución y de los derechos ciudadanos, constituye una traición a los valores militares de lealtad a la Constitución, a sus superiores y a sus subalternos. Nunca puede ser un acto heroico. Esto quiere decir que las insurrecciones militares contra los presidentes Medina, Gallegos y Pérez fueron dolorosos actos de traición de aquellos militares que violaron su juramento de lealtad a Venezuela y a sus instituciones. Al contrario, las insurrecciones militares contra Juan Vicente Gómez y Marcos Pérez Jiménez fueron actos heroicos de militares que tomaron las armas, en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, para derrocar gobiernos que no tenían legitimidad alguna.
Actualmente, una decisión de por sí tan compleja como es tomar las armas de la República para insurreccionarse, se transforma en una obligación para el militar profesional. El artículo 333 de la Constitución vigente de 1999 establece: “Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuera derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia”. Esta norma constitucional obliga a cualquier miembro de la Fuerza Armada Nacional, como también a todo venezolano, a realizar las acciones que sean necesarias para contribuir en el restablecimiento de su vigencia. Es deber del ministro de la Defensa, del Alto Mando Militar y de todos los cuadros de la institución armada valorar la constitucionalidad del gobierno de Nicolás Maduro.
Su legitimidad de origen fue cuestionada desde la propia elección presidencial. No hay duda de que su triunfo se debió a marcados abusos de poder. Apenas asumió la Presidencia de la República se dedicó a violar los artículos 2 y 6 de la Constitución de 1999 desconociendo sus principios fundamentales y comprometiendo su legitimidad de ejercicio. Venezuela dejó de ser un Estado democrático y social de derecho y de justicia al irrespetar valores esenciales tales como la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político, transformándose en un Estado totalitario. Nuestro pueblo conoce perfectamente bien que este gobierno ha violado, durante todo su ejercicio, los derechos humanos y las libertades ciudadanas, ha saqueado los dineros públicos, ha destruido totalmente la riqueza nacional, sometiendo a nuestro pueblo a las inclemencias de la pobreza, el hambre, la muerte y la diáspora y ha atentado contra la integridad del territorio nacional al comprometer la negociación con Guyana. Los integrantes de la Fuerza Armada Nacional, como todos los demás venezolanos, tienen la obligación moral de profundizar en su análisis de la actual realidad nacional y de actuar en defensa de la Constitución.
fochoaantich@gmail.com.
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