Después de varios años de justificaciones insólitas y sin solución a mi situación, el CID en Antilla denunció reiteradamente mi caso hasta que llegó la resolución que autorizó el subsidio para la construcción de mi alojamiento. A sus activistas les debo tener un techo, aunque no posea nada material en mi casa. Por otra parte, hace algunos días la seguridad de estado me prohibió tener contacto con activistas de derechos humanos nuevamente y me advirtió que si lo hacía tendría problemas.
Yo, Amparo Ricardo Molina, de 66 años de edad, antillana con residencia en el barrio marginal de La Cañona, agradezco a la delegación del CID en Antillas por su gestión en la solución habitacional que logré.
Después de varios años de justificaciones insólitas y sin solución a mi situación, el CID en Antillas denunció reiteradamente mi caso hasta que llegó la resolución que autorizó el subsidio para la construcción de mi alojamiento. A sus activistas les debo tener un techo, aunque no posea nada material en mi casa.
Por otra parte, la seguridad de Estado me prohibió, hace algunos días, tener contacto con activistas de derechos humanos nuevamente y me advirtió que si lo hacía tendría problemas.
En 2002 empecé a residir en este barrio insalubre viviendo, como indigente y con serios problemas de salud, tales como una incapacidad física por faltarme un ojo y tener cataratas en el otro, además de ser titular de una chequera de 147 pesos con la cual solamente cubro gastos por medicamentos..
El deterioro de mi antigua vivienda, con piso y paredes de madera, se agudizó con el paso de los huracanes Ike y Sandy, lo que empeoró mi vida, llegando a dormir varios días en el piso del almacén de materiales frente y mi solar.
En 2014 tuve la suerte de que activistas de derechos humanos se interesaron por mi caso, entre ellos Luis Manuel Cantillo, quién en aquel momento me ayudó a realizar las denuncias al gobierno en Antillas.
Después de varios años de justificaciones insólitas y sin solución a mi situación, el CID en Antilla siguió denunciando mi caso hasta lograr la solución.
Por la Defensoría del Pueblo, Clara Leidis Herrera La Rosa y Norma Reyes Ramírez
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