El acuerdo más notable de la reunión de hoy viernes 18 de mayo, entre el gobierno y la oposición es que el gobierno de Ortega debe replegar a la policía y retirar de las calles a sus violentas fuerzas de civiles armados. Simultáneamente, la sociedad civil opositora debe cumplir esfuerzos por mejorar las condiciones para el diálogo, esencialmente desbloqueando las calles, avenidas y carreteras que mantiene obstaculizadas mediante los retenes popularmente conocidos como “tranques”. Aunque el arzobispo de Managua, el cardenal Leopoldo Brenes, señaló que todos los sectores reconocen, de manera imperiosa, respetar el derecho de reunión, manifestación y protesta cívicas y pacíficas
Lo acordado resultó de la sesión de trabajo desarrollada durante unas seis horas en una instalación de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) –mediadora y testigo del diálogo-, en este caso con observación de la misión enviada al país por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Este encuentro, en contraste con el primero, celebrado el martes 15 de esta semana, no fue transmitido por los medios de comunicación ni contó con la presencia de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. La Conferencia Episcopal de Nicaragua, mediadora en este proceso indicó que esta segunda reunión no se transmitió en vivo para que se llevara a cabo en un clima de privacidad.
En la primera reunión del martes Daniel Ortega se comportó como un mentiroso ante el pueblo nicaragüense, en contraste con la audacia, honestidad y elocuencia de los sectores de la oposición. Daniel Ortega y Rosario Murillo no se podían dar el lujo de otro fracaso en este segundo encuentro, en su lugar la delegación gubernamental estuvo encabezada por el canciller nicaragüense, Denis Moncada.
La misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).presenció las conversaciones como parte de su cometido, consistente en observar, en el terreno, la situación de los derechos humanos en Nicaragua, en el contexto de los violentos incidentes –con saldo de decenas de víctimas fatales- enmarcados en las manifestaciones opositoras, principalmente estudiantiles, iniciadas el 18 de abril y sistemáticamente reprimidas por fuerzas policiales y simpatizantes gubernamentales armados.
Antes de llegar a la sede del diálogo, la relatora de la CIDH para Nicaragua, Antonia Urrejola, había hecho público un extenso comunicado en el cual quedó claramente establecido que el grupo de trabajo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) condena la violencia represiva.
El comunicado de la Comisión de Mediación y Testigo del Diálogo Nacional –integrada por cinco obispos, incluido el presidente de la CEN y arzobispo de Managua, el cardenal Leopoldo Brenes- enumeró los “puntos de entendimiento” logrados en la segunda sesión de las conversaciones ante “la urgencia de detener los actos de violencia”.
“Todos los sectores se comprometen a realizar una tregua, el sábado 18 y domingo 20 de mayo, en la que el gobierno se obliga a retirar, a sus cuarteles, a la policía, y retirar las fuerzas de choque simpatizantes del gobierno”, indicaron los obispos en el texto leído por Brenes a periodistas. El acuerdo de tregua abrió un espacio para que el régimen dé alguna muestra de sensatez
“Y la sociedad civil deberá aunar esfuerzos para propiciar mejores condiciones al diálogo, formalizar el tránsito, y continuar, en un mejor clima, el lunes 21 de mayo del 2018”, plantearon, además.
“De igual manera, todos los sectores reconocen, de manera imperiosa, respetar el derecho de reunión, manifestación y protesta cívicas y pacíficas”, lo que puede constituirse como un revés adicional al gobierno de Ortega y Murillo, al determinar que, a diferencia de la policía y las turbas progubernamentales, los manifestantes opositores no están obligados a abandonar las calles.
La mediación del diálogo planteó, además, “agradecer y respaldar la labor de la CIDH, en Nicaragua, particularmente en cuanto a las investigaciones de esclarecimiento de los sucesos de abril, y la adopción urgente de medidas cautelares, para la seguridad de los jóvenes y de la población”, y aseguró que, “asimismo, esta mesa de diálogo se pone a la orden, para colaborar en su misión”.
La misión visitante indicó claramente, en el comunicado leído horas antes por Urrejola, que, “en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reiteramos nuestra codena más enfática a las muertes, desapariciones, agresiones, y detenciones arbitrarias de manifestantes, activistas, y periodistas, que se han registrado en el país desde el inicio de las protestas”.
“En razón de los acontecimientos recientes, el objeto de esta visita, de carácter preliminar, es que la comisión pueda hacer una observación en terreno sobre la situación de los derechos humanos en el país, en el contexto de los sucesos que han tenido lugar desde el 18 de abril del 2018, y elaborar un primer diagnóstico”, precisó.
El grupo de trabajo de la CIDH informó que los días 18, 19 y 20 de este mes, en una oficina establecida en uno de los principales hoteles de Managua, estará recibiendo denuncias de violaciones a los derechos humanos ocurridas en el marco de la persistente represión contra la oposición.
Aunque la delegación gubernamental –encabezada por el canciller nicaragüense, Denis Moncada-, si bien se manifestó anuente a escuchar los planteamientos de todos los sectores, planteó que todo debe hacerse “dentro del marco de la Constitución y la institucionalidad”. Sin embargo, en el amplio salón sede de las conversaciones, permanece el eco de las firmes palabras que, en representación de la Coalición Universitaria, el estudiante Lester Alemán dirigió a la pareja presidencial, cuando les aclaró, señalándoles, que “esta no es una mesa de diálogo, esta es una mesa para negociar su salida” del poder.
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