Ileana Ros-Lehtinen
Se trata de la “Resolución que condena la violencia, la persecución, la intimidación, y los asesinatos cometidos por el gobierno de Nicaragua contra sus ciudadanos”, iniciativa promovida por la congresista cubano-estadounidense Ileana Ros-Lehtinen. La cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles por unanimidad una resolución en la que ubicó en su dimensión exacta la situación de flagrante violación de derechos humanos que Nicaragua registra hace más de tres meses. En la resolución el Congreso de Estados Unidos llama a las cosas por su nombre en Nicaragua.
En sus considerandos, el documento enumera puntualmente las atrocidades cometidas por la administración de Daniel Ortega contra toda expresión de oposición –invariablemente pacífica- y desmiente, una a una, las principales falacias repetidas hasta la saciedad por el régimen orteguista en un estéril esfuerzo por justificar lo injustificable.
Desde el 18 de abril, cuando la crisis estalló a propósito de un fracasado intento por modificar el sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), “las protestas fueron enfrentadas con una respuesta violenta y brutal de la Policía Nacional nicaragüense”, plantea el texto, refutando las afirmaciones de Ortega de que ninguna manifestación pacífica ha sido reprimida –como lo aseveró esta semana en una entrevista al programa Special Report (Informe Especial) de Fox News.
También plantea que desde esa fecha efectivos policiales y “milicias controladas por el gobierno nicaragüense” han escalado la violencia “cometiendo asesinatos y en muchos casos torturas y desapariciones”, desmintiendo a Ortega en su señalamiento de que los ataques antiopositores son perpetrados por grupos financiados por sectores políticos y estructuras narcotraficantes.
Entre sus cinco puntos resolutivos, el texto condena las acciones de violencia, persecución, intimidación, y los actos homicidas del gobierno contra la población, y expresa apoyo al pueblo nicaragüense en su esfuerzo por lograr el establecimiento de la democracia, lo que incluye la realización de elecciones libres y limpias que además sean monitoreada en el terreno por observadores, sean éstos locales o internacionales, cuya labor sea plenamente confiable.
La resolución incluye un punto particularmente importante, llama a la comunidad internacional a asumir el papel que no está del todo desempeñando –o que, en el mejor de los casos cumple tímidamente-: el de actor solidario con un pueblo que, una vez más en su dramática historia, está enfrentado a la brutal opresión de un régimen cuya única respuesta al masivo clamor popular de democracia es la fuerza de las armas.
La violencia orteguista ha cobrado más de 350 vidas desde el 18 de abril, pero no ha quebrado la voluntad popular de lograr Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, renuncien y que Nicaragua inicie así su reconstrucción.
Artículo de La Nueva República, el semanario del CID en Cuba
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